para la construcción de un Estado que garantice los derechos fundamentales, facilitando la pertinencia y efectividad de sus intervenciones.

en estrategias co-creadas entre Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil, orientadas a fomentar soluciones integrales y sostenibles.

de un enfoque interseccional que integra las perspectivas de género y derechos humanos, pues los efectos de la corrupción no son homogéneos.